Un muro de 2.500 kilómetros atraviesa el desierto del Sáhara. Lo
levantó Marruecos en los años 80 para repeler los ataques del Frente
Polisario, con quien mantenía una guerra abierta de la que se selló el
alto al fuego en 1991 bajo el auspicio de Naciones Unidas. Hoy, cerca
de dos décadas después de ese acuerdo, esta fortificación sigue
separando a saharauis y marroquíes. La precede un área de cinco
kilómetros plagada de minas antipersona —hasta cinco millones, según
las organizaciones humanitarias— y vigilada las 24 horas por soldados
de Marruecos.
El muro minado, en el que pierden la vida periódicamente pastores que
nomadean por la zona, marca el límite entre saharauis y marroquíes,
pero también entre familias que quedaron dividas tras la Marcha Verde
de 1975. A un lado, los que huyeron a los campos de refugiados —la
construcción se eleva 90 kilómetros al oeste de Tinduf—. Al otro, los
que viven en territorios controlados por Marruecos.
Se desconoce cuántos son en cada parte: la elaboración de un censo ha
sido uno de los escollos históricos del conflicto —esta tarea
corresponde a la MINURSO, misión de la ONU encargada de velar por el
alto el fuego y de elaborar un censo para un referéndum de
autodeterminación aplazado en múltiples ocasiones—, pero lo cierto es
que hay cientos de familias que no han vuelto a verse desde 1975.
Según han denunciado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y el
Parlamento Europeo (PE), los saharauis que viven en territorio
marroquí se encuentran privados de derechos fundamentales. La última
en denunciarlo ha sido una delegación 'ad-hoc' del Parlamento Europeo
que visitó El Aaiún, la capital del Sáhara controlado por Marruecos,
en enero de 2009.
Violaciones de Derechos Humanos
La comisión estaba presidida por el ex ministro de Asuntos Exteriores
chipriota, Ioannis Kasoulides, e integrada por los eurodiputados
Carlos Carnero (socialista español), Carlos Iturgaiz (del PP español)
y Luca Romagnoli (italiano no inscrito). Según su informe, de marzo de
2009, sus interlocutores marroquíes pusieron a su disposición «todas
las facilidades necesarias», pero «las fuerzas del orden impidieron
acceder al lugar de la reunión» a varios saharauis que debían
entrevistar, que padecieron «intimidaciones y malos tratos». En su
estudio, basado en entrevistas y testimonios, la delegación constata
que se han producido «violaciones recurrentes de los derechos humanos,
especialmente de la libertad de expresión, asociación, manifestación y
comunicación» en el territorio marroquí. Además, pedía a Marruecos que
se admitan a trámite las denuncias contra policías formuladas por los
independentistas y a la representación de la Comisión Europea en
Rabat, que envíe «observadores a los juicios de militantes saharauis».
En el mismo sentido se expresaba HRW en un informe de 2008 en el que
acusaba a las autoridades marroquíes de golpear y torturar a los
activistas saharauis que expresan sus ideas proindependentistas. Según
la asociación saharaui Afapradesa (Asociación de Familiares de Presos
y Desaparecidos Saharaui), 65 presos políticos permanecían en cárceles
marroquíes en marzo de 2009.
Preguntados por la valoración que hacen de estos informes, los
respresentantes en España de las autoridades marroquíes han asegurado
a este periódico que «los habitantes de las provincias del sur son
ciudadanos marroquíes y gozan de los mismos derechos y obligaciones
que los de otras regiones del país». En lo que se refiere a las
alegaciones de tortura, aseguran que «la ley marroquí dispone que la
evidencia obtenida bajo tortura es inadmisible en los procesos de
juicio» y que, en febrero de 2006, su gobierno aprobó una nueva ley
prohibiendo la tortura y castigando los abusos cometidos por las
fuerzas de seguridad. Argumentan además, citando informes.
por RAQUEL QUÍLEZ
